Históricamente, la política de la mayoría de las naciones latinoamericanas ha estado dominada por periodos de fuertes convulsiones sociales seguidos de épocas donde la tranquilidad y la estabilización institucional aparentan imponerse, esperanzas que luego son dinamitadas por nuevas crisis que ponen a prueba (y muchas veces destruyen) al aparataje político de los países de Hispanoamérica. Nuestra historia está llena de guerras civiles, rebeliones, golpes de estados, democracias débiles, manifestaciones callejeras, cambios constantes de constitución y un largo etcétera de crisis políticas que representan un fuerte bagaje político y social que crean sistemas disfuncionales e ineficientes que son muy difíciles de reformar.
El casi perpetuo estado de guerra civil que vivió Latinoamérica durante el siglo XIX trajo como consecuencia la instalación de sistemas de fuertes gobiernos autoritarios y personalistas capaces de mantenerse en el poder mediante el apoyo de las Fuerzas Armadas y la creación de una institucionalidad débil que permitiera los abusos de poder y la corrupción de la elite gobernante. Se creó así un ciclo vicioso en donde las dictaduras que surgieron a raíz de instituciones débiles, dejaban detrás de si otra pseudoestructura institucional dependiente del líder de turno, dificultando así la creación de un sistema democrático eficiente que fuese capaz de disminuir la corrupción y mantener la estabilidad política una vez la dictadura de turno hubiese sido depuesta.
Aunado a la falta de madurez de las instituciones democráticas, o quizás debido a ello, la política latinoamericana es notoriamente populista y demagógica. Haciendo de la creación de políticas económicas demagogas y populistas una práctica común. La combinación de subsidios, irresponsabilidad fiscal, proteccionismo, nacionalizaciones y programas sociales insostenibles ha sido característico de varias de las economías regionales y en muchos países se han vuelto una parte integral de la vida económica y política nacional.
Esta combinación entre institucionalidad débil y políticas económicas populares pero insostenibles es una de las principales razones de las crisis políticas que están sacudiendo a Ecuador, Perú y Argentina durante este convulso 2019. Los grandes desafíos que enfrentan estas naciones probablemente definirán los vaivenes de la política latinoamericana en los próximos años. A pesar de que cada caso presenta características únicas, se puede dividir las razones de las crisis en dos: la incapacidad de aplicar reformas económicas o la sistémica debilidad institucional de las democracias latinas.
En el primer escenario podemos agrupar a Argentina y Ecuador, naciones en donde la capacidad de los gobiernos de implementar reformas económicas necesarias se ha visto fuertemente obstaculizada por sectores de la población que son los más beneficiados (a corto plazo) de los subsidios y programas gubernamentales que dichas reformas tratan de modificar o eliminar. Ambos casos son una buena muestra de lo entrelazado que está el sistema político latinoamericano con medidas económicas populistas y lo difícil que puede ser tratar de disolver esta nociva relación.
Argentina, el fracaso del gradualismo.
En Argentina, la elección del empresario Mauricio Macri en el 2015 despertó muchas esperanzas de que finalmente hubiese un ocupante de la Casa Rosada dispuesto a desmantelar el aparatoso sistema burocrático y legal, agudizado durante los años del Kirchnerismo, que perjudica al crecimiento y competitividad de la economía argentina. Muchos vieron a Macri como el principio del fin del populismo peronista e inclusive algunos creían que este ejemplo en Argentina fuese replicado en el resto de la región. En pocas palabras, Macri podía (si se lo proponía) ser una estocada a los sistemas populistas, irresponsables y autoritarios que han dominado por tanto tiempo a la región.
El flamante presidente argentino, sin embargo, decidió seguir una agenda “gradualista” y de “consenso” ejecutando solo versiones moderadas de los cambios propuestos durante la campaña mientras que se dejaban intacto los principales problemas que aquejaban a la economía argentina: el exagerado tamaño del Estado y la inmanejable deuda pública que esto conlleva, todo esto con el fin de evitar que la oposición alimentara una convulsión social que amenazara su permanencia en el poder. La apuesta de Macri era que estos pequeños cambios en la economía generasen confianza para aumentar la inversión extranjera trayendo suficiente crecimiento económico que le diese mayor capacidad política al gobierno de terminar de ejecutar las reformas más profundas.
La apuesta, no obstante, no funcionó, Argentina presenta la segunda inflación más alta de Latinoamérica (luego de Venezuela), el peso argentino se devalúa constantemente, la deuda pública ha aumentado, el gobierno se ha visto obligado a imponer un control cambiario y a volver a pedir un préstamo de emergencia al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las consecuencias políticas de esta debacle económica han sido devastadoras, el peronismo se ha envalentonado y logró alcanzar un 47% de los votos en las pre-elecciones celebradas en agosto y es muy probable que repiten este éxito dentro de dos semanas, en la primera vuelta de las presidenciales. En pocas palabras, el gradualismo de Macri no mejoró la economía, decepcionó a sus seguidores y envalentonó a sus rivales.
Ecuador, ajuste fallido.
En Ecuador, Lenin Moreno ha seguido una estrategia diferente a la de su homólogo argentino. El presidente ecuatoriano decidió seguir una ruta de propuestas para sincerar la economía y reordenar las finanzas públicas, las cuales habían sido dejadas en un pésimo estado luego de la presidencia de Correa. La medida más importante (y más controversial) que tomó Moreno fue la eliminación del subsidio a la gasolina. Las consecuencias ante estas medidas, ilustran por qué Macri temía implementar reformas radicales: miles de protestantes paralizaron Quito, obligando a Moreno a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, se declaró el estado de emergencia y se estableció un toque de queda en toda el área metropolitana de Quito.
En vista a esta incesante presión y el estado de caos en los cuales ha estado sumida Quito y gran parte del país, Moreno se vio forzado a sentarse a dialogar y a revocar el decreto que eliminaba el subsidio a la gasolina, cediéndole la victoria a los manifestantes. Una vez más, las intenciones de reforma y de racionalidad económica sucumbieron ante el arraigado estatismo latinoamericano.
El desenlace de las crisis ecuatorianas y argentinas nos deja muy en claro la naturaleza casi inamovible de subsidios y programas insostenibles, la dificultad de implementar reformas y el daño político que pueden sufrir aquellos que se arriesguen a ejecutar cambios. Lo cual nos permite concluir que la cultura política latinoamericana está bastante atada a la demagogia económica y que independientemente de que se trate de implementar reformas con consenso (a lo Macri) o de golpe (a lo Moreno), los desafíos seguirán siendo abrumadores y los líderes políticos que promuevan las reformas pueden sufrir duros reveses políticos.
Esto no quiere decir que ningún programa de reforma o de estabilización económica es aplicable en nuestra región, los casos de Chile y Brasil (con Cardoso) pueden ser citados por aquellos con esperanzas de traer cambios significativos a la región. Sin embargo, es importante destacar que en el caso chileno las reformas fueron impuestas a sangre y fuego por un régimen dictatorial. Mientras que, en el caso brasileño, aunque las medidas de Cardoso lograron acabar con la hiperinflación y estabilizar la económica, no se resolvieron completamente los problemas de fondo y actualmente Brasil sigue sufriendo de los mismos problemas crónicos que el resto del continente. Por lo que se deberían tomar estos ejemplos con cautela y analizar qué factores son verdaderamente aplicables para el contexto político actual.
Perú, crisis institucional.
La otra gran crisis que ha sacudido a la región en los últimos meses ha sido el cierre del Congreso peruano luego de meses de conflicto con el presidente Martin Vizcarra. Este conflicto no tiene nada que ver con la imposibilidad de aplicar reformas económicas, si no con otro aspecto que caracteriza a la política latinoamericana: la fragilidad de las instituciones democráticas y su incapacidad al combatir a la corrupción.
La política peruana ha sido una de las más golpeadas por el mega escándalo de corrupción de Odebrecht, el cual ha enlodado a las principales figuras de todos los bandos políticos, resultando en el procesamiento de todos los expresidentes del siglo xxi (e inclusive en el suicidio de Alan García) y de la principal líder de la oposición fujimorista, Keiko Fujimori. Luego de que el expresidente Pedro Pablo Kuczinski (PPK) fuese destituido debido en gran parte a este escándalo, el nuevo presidente peruano, Martín Vizcarra, prometió hacer profundas reformas institucionales con el fin de luchar contra la corrupción y aumentar la debilitada confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
El Congreso, de mayoría fujimorista, sin embargo, se opuso férreamente a cualquier intento de reforma jurídica (en parte debido a las posibles consecuencias penales que esto pudiese traerles), entrando en un conflicto abierto con Vizcarra y negándose también a aceptar unas elecciones anticipadas que pusiesen un punto y final al estancamiento político. La reticencia del Parlamento forzó a Vizcarra a clausurar el Congreso a principios de mes, agudizando la ya grave crisis de gobernabilidad que ha vivido Perú desde la elección de PPK hace dos años y trayendo la política peruana a la más grave crisis desde la caída del autoritarismo fujimorista. El Congreso “destituyó” a Vizcarrá y nombró como presidente interino a la vicepresidenta Mercedes Arraoz. Sin embargo, Vizcarrá contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con gran respaldo de la población, por lo que la disputa se resolvió con Arraoz renunciando a la presidencia.
La cuestión peruana muestra como los esquemas institucionales post-autoritarios no han logrado consolidarse efectivamente, permitiendo la corrupción sistémica y negándose a encontrar arreglos y reformas políticas de común acuerdo que permitan una regeneración saludable del tejido institucional y político del país. La obvia y terrible consecuencia de esta inmadurez política es un aumento inexorable de la desconfianza que tiene la ciudadanía ante las instituciones civiles que son necesarias en cualquier democracia, abriendo terreno a factores ajenos a este sistema a incursionar en el “mainstream” político.
Con instituciones débiles, economías en crisis e imposibles de reformar nuestra región parece estar entrando a un nuevo periodo de inestabilidad y caos crónico, dejando un terreno fértil para el surgimiento de nuevos populismos autoritarios (tanto de derecha como de izquierda).
Daniel Chang.