Analizando los hechos y cifras, queda claro que las sanciones no redujeron la inversión petrolera en 45% entre 2008 y 2017; las sanciones no despidieron a 23.000 trabajadores especializados de PDVSA; las sanciones no convirtieron a PDVSA en la caja chica de las misiones sociales chavistas.
En el intrincado panorama venezolano son identificables dos terrenos de juego: el nacional y el internacional. Si nos enfocamos en el escenario internacional la principal protagonista son las sanciones internacionales, que han sido el arma predilecta de los aliados de la oposición para impulsar la salida pacífica del régimen chavista.
Habría que comenzar definiendo las sanciones. Son el conjunto de medidas económicas, diplomáticas, militares o culturales realizadas unilateral o multilateralmente con el objetivo de coaccionar la actuación de un determinado sujeto de derecho internacional cuyas acciones u omisiones ponen en vilo la paz y seguridad internacional.
El líder de las sanciones internacionales, tradicionalmente, ha sido el gobierno de los Estados Unidos, que, bajo la administración Carter a finales de los 70s azotó la economía iraní con un embargo total a su sector petrolero y financiero. Desde entonces, la táctica fue repetida en diversas ocasiones contra Siria, Sudán, Libia, Cuba e Irak con el fin de crear presión para generar reformas políticas.
La práctica no ha estado libre de controversias y ha encontrado a sus principales detractores en las figuras de la Unión Europea y el Movimiento de Países no Alineados, quienes argumentan que las sanciones financieras pueden recrudecer las condiciones de las poblaciones, que ya se encuentra en una situación crítica ante gobiernos opresores. En el caso venezolano, la Unión Europea ha apoyado sanciones personales a violadores de DDHH pero se ha mostrado en contra de sanciones financieras.
Josep Borrell, futuro Alto Representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea: “Si el coste de cambiar el régimen de Maduro es provocar una hambruna en Venezuela. A mí me han criticado porque me he opuesto a que la Unión Europea adoptara sanciones que afectaran al pueblo de Venezuela. Me voy a seguir oponiendo”.
El mismo argumento ha sido esgrimido en diferentes ocasiones por sectores de la oposición venezolana que se oponen a la imposición de sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro, como el de Timoteo Zambrano (Cambiemos) y Henri Falcón (Avanzada Progresista). Estos alegan que dichas sanciones solo recrudecen la crisis que vive el venezolano de a pie.
Dicho esto, es necesario aclarar el tipo de sanciones impuestas sobre la coalición gobernante en Venezuela, así como los verdaderos efectos que estas han tenido sobre la principal industria del país: Petróleos de Venezuela (PDVSA).
SANCIONES PERSONALES VERSUS SANCIONES GENERALES
Las diferentes críticas hacia la aplicación de sanciones generales (Aquellas aplicadas directamente a la economía de los Estados) en la segunda mitad del siglo XX obligaron a la comunidad internacional a adoptar enfoques distintos respecto a sus políticas sancionatorias.
Así surge la figura de las sanciones personales que son aquellas aplicadas sobre miembros clave de los regímenes sancionados para generar quiebres en las coaliciones gobernantes tratando de causar la mínima cantidad de daño a las poblaciones civiles víctimas de dichos regímenes. Sin embargo, es importante acotar que en determinados casos ambos tipos de sanciones no son mutuamente excluyentes.
TO: VENEZUELA
FROM: WASHINGTON, WITH LOVE
Contrario a la creencia popular, el régimen de sanciones contra Venezuela no tiene su origen en el 2015 durante el segundo período de Barack Obama en la Casa Blanca. El 12 de septiembre del 2008 -con una producción petrolera de alrededor de 2,5 millones de barriles diarios (OPEP)- fueron dictadas las primeras medidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).
Estas fueron impuestas sobre Henry Rangel Silva, Ramón Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal y se refieren a la prohibición de ingreso y congelamiento de bienes por la colaboración prestada a las, entonces, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para el contrabando de armas y drogas en territorio venezolano.
A partir de este momento hay un leve ascenso en la producción petrolera hasta acercarse a los 2,7–3 millones de barriles de petróleo diarios, un nivel que se mantiene hasta mediados de 2014.
El 18 de diciembre de 2014 el Presidente Barack Obama promulgó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil Venezolana de 2014 que daría paso a la restricción de visado y congelación de fondos contra distintos funcionarios del régimen a lo largo del año 2015, todos ellos involucrados en violaciones de Derechos Humanos en las protestas de 2014, entre ellos:
Antonio José Benavides Torres: Comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Gustavo González López: Director General del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Justo José Noguera Pietri: Presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Katherine Harrington: Fiscal de nivel nacional de la 20.ª oficina de distrito del Ministerio Público de Venezuela.
Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Manuel Gregorio Bernal Martínez: Jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada Bolivariana de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Venezuela.
Miguel Alcides Vivas Landino: Inspector General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Es fundamental aclarar que cada una de estas sanciones fueron impuestas a título personal, sin perjuicio a las instituciones que representaban los sancionados en cuestión. Aunado a esto, ninguno de los agraviados laboraba en cargos ejecutivos relacionados con la industria petrolera.
Sin embargo, durante este período PDVSA presenta una sostenida reducción en su producción que cae desde niveles estables de alrededor de 2,8 millones en octubre de 2014 hasta una cifra cercana a los 2,5 millones de barriles diarios para diciembre 2015, según los datos más alentadores.
Esta caída se acentúa durante el año 2016 y 2017 llegando a niveles de 2,1 millones de barriles diarios en julio de 2017.
CHAVISTAS, GO HOME
El año 2017 marca un antes y un después en la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Hasta este punto el régimen de sanciones se había limitado a un puñado de funcionarios gubernamentales inmersos en violaciones de derechos humanos, con contadas excepciones relativas a aquellos individuos con nexos con el narcotráfico.
El 27 de Julio de 2017 el Presidente Trump firma el decreto 13808 que prohíbe a cualquier entidad relacionada con el régimen de Nicolás Maduro (Incluyendo a PDVSA) acceder al mercado financiero estadounidense, excluyéndolo de la posibilidad de financiamiento proveniente de entidades bancarias americanas a través de la negociación de bonos y deuda venezolana.
No obstante, el decreto incorpora importantes excepciones para la exportación de petróleo ligero a Venezuela, el cual es un insumo clave para la producción petrolera venezolana, así como para operaciones relativas a alimentos y ayuda humanitaria. Más allá de generar daños irreparables a la economía, estas sanciones buscaban dar un mensaje claro al régimen venezolano: Estados Unidos estaba dispuesto a profundizar las sanciones si no se generaban cambios políticos en el país.
Las sanciones posteriores dan base a estas afirmaciones. Se redobló el número de individuos sancionados, enfocándose casi exclusivamente en el círculo cercano a Nicolás Maduro y la élite gobernante, más allá de su involucramiento directo en violaciones de Derechos Humanos.
Mientras tanto, y a pesar concesiones hechas al sector petrolero para reducir los efectos de las sanciones sobre la economía venezolana, la producción de PDVSA siguió en desplome, llegando a un piso histórico de 1,6 millones de barriles por día.
NUMEROS ROJOS ROJITOS.
Ante este escenario es valedero preguntarse, ¿si no son las sanciones, cual es la razón de la dramática reducción en la productividad de PDVSA? La consistente reducción en la producción petrolero desde el año 1999 hasta el 2018 (alrededor de un 45%) responde a distintos factores. Entre los más destacados podemos mencionar:
● Los subsidios de los combustibles en el mercado nacional que obligaban a la empresa a producir a pérdida.
● El financiamiento de crudo a distintos países de Latinoamérica y el Caribe bajo condiciones desfavorables para la liquidez de PDVSA.
● El despido injustificado de más de 23.000 trabajadores especializados, que afectó directamente la capacidad productiva de la empresa.
● La excesiva carga fiscal puesta sobre PDVSA durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Como consecuencia, se aprecia una caída abrupta en los niveles de inversión (exploración y producción) que roza unos 40 puntos porcentuales. Entre 2008 y 2016 la inversión en el sector de petrolero se redujo unos 7 mil millones de dólares; desde números cercanos a los 15 mil millones en 2008 de dólares, a niveles cercanos a los 8 mil millones de dólares en el año 2016 (antes de la prohibición de financiamiento en el sistema financiero estadounidense).
Aunado a esto, el tiempo de pago a proveedores de servicios de PDVSA aumentó de un promedio histórico de 2,1 meses para cancelación de facturas a unos escandalosos 25 meses en 2016.
Es lógico concluir que los distintos factores analizados influyeron negativamente la capacidad de PDVSA para generar un flujo de caja saludable y cumplir con las cuotas de productividad necesarias para que la economía venezolana (altamente dependiente de las exportaciones petroleras) se mantuviera a flote.
De esta forma, queda en evidencia que el bajo rendimiento de PDVSA, precede incluso, a las sanciones impuestas por la administración Obama y las impuestas por la administración Trump que a principios de 2019 impondría un embargo petrolero total sobre la industria petrolera venezolana.
CON AMIGOS COMO ESTOS…
El gobierno de los Estados Unidos ha aclarado en distintas ocasiones que apuesta a las sanciones como un mecanismo para acelerar los cambios políticos en Venezuela. Las sanciones financieras, por ende, tienen por objetivo evitar el financiamiento de las actividades claves del régimen, así como también, bloquear el desvío de la renta venezolana a los bolsillos de particulares afines al régimen bolivariano.
No todo es color de rosa. Para que las sanciones cumplan los efectos deseados deben cerrarse la mayor cantidad de rendijas que el régimen pueda utilizar para burlar las sanciones.
Para llegar rastrear capitales chavistas, en America los Estados firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) han conformado, de acuerdo al diputado a la Asamblea Nacional Carlos Paparoni, la coalición de inteligencia más grande que ha visto el hemisferio occidental desde la Segunda Guerra Mundial.
A pesar de esto, la comunidad internacional no ha llegado a un consenso generalizado alrededor de la aplicación de sanciones. Prueba de ello es que, a pesar de que diversas entidades bancarias alrededor del mundo se niegan a movilizar pagos en favor del régimen de Nicolás Maduro, este se ha servido del Banco Central de España para girar pagos y movilizar dinero, según reportes de Bloomberg.
Sin tomar en cuenta el alto riesgo de que dichas operaciones sean parte de esquemas para el lavado de dinero producto de la corrupción, la Unión Europea se ha limitado a imponer un embargo de armas y sancionar a una veintena de funcionarios, ignorando los continuos llamados de la administración Trump de sumarse a una estrategia más robusta. Esto disminuye la posibilidad de que las sanciones financieras impuestas por el gobierno estadounidense cumplan con los objetivos planteados.
Para hacer frente a esto, el Departamento del Tesoro ha considerado sancionar bancos españoles por los “servicios financieros” prestados al regimen de facto, esto de acuerdo a reportes de Bloomberg. En una reunión entre autoridades españolas y Elliot Abrams, representante de EEUU para los asuntos de Venezuela, este presionó para que se congelarán los activos venezolanos que se encuentran resguardados en España. No obstante, la sugerencia de Abrams fue rechazada por por los funcionarios españoles, quienes solo garantizaron que el monitoreo de lavado de dinero.
Sin embargo, sancionar a España ha tenido resistencia dentro de la administración Trump. Algunos oficiales estadounidenses argumentan que España lideró los esfuerzos para que una veintena de Estados europeos reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino, y mantiene como huesped en su embajada en Caracas al líder opositor Leopoldo López.
STICKS AND CARROTS…
Excluyendo las declaraciones aisladas y la retórica que parecieran indicar lo contrario, es lógico concluir que la estrategia adoptada por la Casa Blanca para generar la salida de Nicolás Maduro ha sido una de incentivos y elevación de costos para la élite chavista. Los costos de su permanencia en el poder deben ser elevados a niveles que resulten poco atractivos en comparación con los incentivos de abandonarlo pacíficamente.
Ante el abandono de la narrativa del uso la fuerza, queda claro que la única ruta viable planteada para lograr dicho objetivo es la generación de presión tanto externa como interna.
La presión externa, dependiente de la comunidad internacional, requerirá armonizar criterios, de forma que las sanciones puedan reducir al mínimo la capacidad del régimen para maniobrar, especialmente en el campo financiero. Para esto es necesario que las sanciones económicas sean generalizadas. No con el objetivo de aumentar la presión interna, como argumentan ciertos sectores, sino con el objetivo claro de dificultar la permanencia en Miraflores para Nicolás Maduro.
Para que las sanciones cumplan los efectos deseados deben cerrarse la mayor cantidad de rendijas que el régimen pueda utilizar para burlar las sanciones.
Hay que concluir, entonces, que, eliminada la posibilidad del uso de la fuerza, sería ilógico remover la única herramienta de la comunidad internacional para elevar los costos de permanencia del régimen chavista en el poder. Más aun cuando, analizados los hechos y cifras, queda claro que las sanciones no redujeron la inversión petrolera en 45% entre 2008 y 2017; las sanciones no despidieron a 23.000 trabajadores especializados de PDVSA; las sanciones no convirtieron a PDVSA en la caja chica de las misiones sociales. Queda claro que la mayor sanción que ha sufrido el ciudadano venezolano de a pie, han sido 20 años de revolución bolivariana.[