ENTREVISTA | José I. Hernández: Los próximos seis meses van a ser decisivos para el futuro inmediato de Venezuela
Por: Alejandro Armas
José Ignacio Hernandez es un abogado, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y profesor universitario en el área de Derecho Administrativo. Es Visiting Fellow en el Center For International Development en la Universidad de Harvard. Entre febrero de 2019 y junio de 2020 se desempeñó como Procurador Especial de la República Bolivariana de Venezuela, nombrado por el Presidente interino Juan Guaidó.
Para esta entrevista, conversamos sobre el principio de continuidad de la Asamblea Nacional de Venezuela de cara a 2021, la situación de CITGO en EE.UU., el caso del oro en el Banco de Inglaterra y las perspectivas de la transición venezolana.
P: El gobierno interino ha dicho que no están dadas las condiciones para que esta Asamblea Nacional sea renovada por de un proceso electoral justo, limpio y transparente, y por eso ha argumentado la necesidad de prorrogar la vigencia de la AN actual. ¿Cómo se le puede explicar eso al país?
R: Bueno, en efecto es una situación muy compleja la que atraviesa Venezuela. Yo creo que para entender esta complejidad se debe partir de tres premisas muy sencillas, en las que yo creo que los venezolanos están de acuerdo. La primera premisa es que actualmente en Venezuela no hay condiciones que garanticen elecciones libres, justas y transparentes. Esas condiciones no existían en 2018, cuando Maduro simuló una elección presidencial, y hoy día lejos de mejorar, las condiciones han empeorado. Basta con recordar las recientes decisiones del ilegitimo TSJ. Entonces tenemos esta premisa. En Venezuela no hay condiciones de integridad electoral.
Segunda premisa, que yo creo en que los venezolanos estamos de acuerdo. Si a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para rescatar esas condiciones de integridad electoral no se logra un cambio sustantivo en Venezuela, cualquiera elección que se organice va a ser ilegitima. Va a ser una elección fraudulenta diseñada a beneficio del régimen de Maduro. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo.
Y la ultima premisa es que por lo tanto, y ya de manera especifica, es que si se organizan elecciones a la AN bajo las condiciones actuales, que tienden a empeorar por la intervención del TSJ, esas elecciones no podrán ser reconocidas. Esto es, quienes resulten electos como diputados para la Asamblea que debe tomar posesión el 5 de enero de 2021, no podrán ser reconocidos como diputados legítimamente electos, como tampoco fue reconocido el régimen de Maduro.
Si nosotros seguimos esas tres premisas, que a mi me parecen muy sencillas, queda en el aire una pregunta. Si no se puede reconocer a la AN que resulte electa en estas condiciones fraudulentas, ¿A cuál AN reconocemos? Porque lo que no puede pasar es que en Venezuela no exista una legitima Asamblea Nacional, que no exista un poder legislativo. Ahí es donde surge una consecuencia inevitable, que si no se reconoce una elección parlamentaria fraudulenta, necesariamente la actual AN tiene que extender su mandato más allá del 5 de enero de 2021, hasta tanto se logren esas condiciones de integridad electoral.
Como puedes ver, esta no es una estrategia política, no es una teoría del cambio, no pretende dar ninguna solución. Es simplemente una consecuencia jurídica a la que me parece a mi, todos los venezolanos e incluso la Comunidad Internacional está de acuerdo.
P: He visto que uno de los argumentos jurídicos para apoyar la continuidad administrativa de la AN actual más allá de enero de 2021 se basa en el articulo 333 de la Constitución. Ese reza que si la constitución fuera derogada por la vía de los hechos, por una causa de fuerza mayor, todo ciudadano, revestido o no de autoridad, esta en su deber de contribuir a su restitución. Pero eso es en todo caso, un mandato ético. ¿Cómo se pasa de esa abstracción a lo que la AN hará a partir de enero?
R: Excelente pregunta. Primero, el articulo 333 no es un mandato ético, es un mandato jurídico. Toda la Constitución tiene rango jurídico como establece su articulo 7. Segundo, además, es un mandato jurídico de tradición en el constitucionalismo venezolano. No es otra cosa que el llamado derecho a la rebelión. Si la constitución quedase derogada por la vía de los hechos, como ha quedado derogada desde hace bastante tiempo, todos los ciudadanos, están obligados a tomar cualquier acción que contribuya al restablecimiento del hilo constitucional.
Obviamente, la constitución no podía enumerar a priori cuales eran las acciones que se pueden emprender porque estamos en una situación de hecho, de facto. Precisamente, una de las acciones que deben ser realizadas al amparo del articulo 333 de la Constitución para asegurar el restablecimiento del orden constitucional, es extender el mandato de la AN.
Y si se nos dice que esa extensión de mandato no está prevista en la Constitución, la respuesta es que no puede estar prevista porque el articulo 333 de la Constitución solo aplica en situaciones de anormalidad institucional, y estamos en situaciones de anormalidad institucionalidad.
P: Estoy totalmente de acuerdo en que cuando una ley se redacta, no siempre están contempladas todas las contingencias que puedan surgir, y que pongan la aplicación de esa ley en una situación complicada. Ante esta interpretación del articulo 333, no puedo evitar pensar en que guarda cierta similitud con las tesis de Carl Schmitt sobre la soberanía, según las cuales el soberano tiene un poder absoluto ante una situación extraordinaria, como la que vive Venezuela en este momento. ¿Hay algún limite real para lo que la AN pueda hacer partiendo del articulo 333?
R: El articulo 333 no contiene ninguna limitación apriorística. De nuevo, esa es una norma que simplemente dice, que si la Constitución deja de aplicarse, con lo cual no tiene sentido ver que dice o que no dice la Constitución, hay un mandato de resultado. Se tiene que hacer todo lo necesario para restablecer el orden constitucional. ¿Eso es ilimitado? Por supuesto que no, hay limites en el derecho internacional, los principios generales del derecho. Y aquí no se esta proponiendo una tesis que sea absurda.
De nuevo, vamos a ir a algo mas sencillo. Supongamos que hay una elección parlamentaria en estas condiciones y no va a ser reconocida por nada, ¿Qué va a pasar el 5 de enero de 2021? Solo hay tres alternativas:
1. Reconocer esa Asamblea Nacional, decir que “bueno si esa fue una elección no competitiva, amañada, fraudulenta, no importa hay que reconocerla” eso no tiene sustento, ni en el derecho venezolano ni en el derecho internacional.
2. Desconocemos esa Asamblea Nacional y no hay poder legislativo, entonces uno se pregunta ¿Y quién ejerce el Poder Legislativo en Venezuela? No habría, habría un vacío de poder, eso parece que es absurdo.
Entonces queda como única alternativa, extraordinaria y excepcional, que la Asamblea Nacional debe extender su mandato solo a los fines de dar cumplimiento al articulo 333. Ahí un poco a lo que tu decías. No tendría sentido extender el mandato para que la AN empezara a legislar en materia civil, o en materia penal, como si no pasara nada. La AN solo podrá ejercer aquellas funciones estrictamente necesarias para restablecer el orden constitucional.
Y a la pregunta de cuales son esas acciones yo tendría que decirte que no las sé, esa es una estrategia política que hay que diseñar. Por eso insistí mucho al inicio de esta conversación que la extensión del mandato de la AN no es una estrategia política, no es parte de una teoría del cambio, es simplemente una consecuencia jurídica inevitable, de lo que parece ser una elección parlamentaria no competitiva.
P: ¿Cree que el gobierno interino y la AN podrán persuadir a los gobiernos extranjeros que se han comprometido con la causa democrática venezolana, sobre esta prorroga de la vigencia de la AN? Es decir, cuando llegue enero y la Asamblea actual siga sesionando, ¿podrá mantener el reconocimiento que le han dado los gobiernos extranjeros?
R: Pero es que de nuevo. La comunidad internacional no tiene alternativa. Ya ha habido varios pronunciamientos de EEUU, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto(GIC), el Consejo Permanente de la OEA, que han señalado la gravedad de las recientes decisiones que ha tomado el TSJ, la imposibilidad de realizar elecciones transparentes en Venezuela. Si se mantienen esas condiciones, si no se logra incidir en el sistema electoral.¿Qué va a hacer la CI?
De nuevo, solo tienen tres opciones: Reconocer las elecciones que organice Maduro. Se estaría contradiciendo con lo que ha dicho la CI desde 2018. Desconocer esa elección pero decir “bueno tampoco hay AN, con lo cual yo como Comunidad Internacional no tengo interlocutor valido en Venezuela, porque no puede ser Maduro, cuya legitimidad rechazo, no puede ser su Asamblea Nacional, porque también la rechazo” y ya no habría gobierno interino ni Asamblea, ni nadie, entonces allí habría un vacío.
O bueno, “yo sigo reconociendo a la AN como único poder electo, únicamente hasta tanto se de esa elección”. Ese únicamente hasta tanto es fundamental, porque yo he escuchado duras críticas, y las comparto, que no tiene ningún sentido extender ningún mandato y pensar que en Venezuela no sucede nada y que nos mantenemos en la situación actual. Por el contrario.
Lo que hay que hacer, y urge, es una estrategia que logre asegurar la transición en Venezuela, y dentro de las premisas o bases que esa estrategia tiene que tener en mi opinión está la extensión del mandato de la AN como una consecuencia jurídica inevitable del desconocimiento de la eventual elección parlamentaria que convoque Maduro para complacer a su propia élite.
P: ¿Hay alguna diferencia entre esta continuidad administrativa que tendría la AN a partir de enero de 2021, y la continuidad administrativa que permitió a Hugo Chávez dejar de asistir a su toma de posesión en 2013?
R: Tesis que yo critiqué por cierto. Y si, hay una diferencia de entrada. En el 2013 no había duda de que Hugo Chávez había sido electo presidente. La elección de octubre de 2012 fue reconocida por la dirigencia política venezolana, por el entonces candidato Capriles, no hubo ni siquiera impugnación, la Comunidad Internacional reconoció el triunfo. Había un candidato electo, de eso no había duda. Lo que sucede es que el candidato estaba incapacitado de asumir el cargo, entonces ahí lo que ha debido cumplirse es la norma constitucional que dice si el presidente electo no puede asumir el cargo, asume el presidente de la AN que en aquel momento era Diosdado Cabello, y muy probablemente por las cuestiones políticas de las luchas internas de los grupos de poder se desechó esa tesis.
Pero es que aquí no van a haber diputados electos, aquí lo que va a haber es un proceso aun mas fraudulento que el proceso de 2018, con lo cual la situación de Chávez en 2013 es enteramente distinta y no sirve de referente valido.
P: El régimen chavista se ha estado cerniendo cada vez mas sobre el gobierno interino y la AN en términos de represión y persecución. Hay quienes argumentan que el gobierno interino, incluso las Asamblea Nacional con todos sus diputados, deberán instalarse en el exilio ¿Qué opina sobre ese planeamiento?
R: En estricto sentido jurídico no hay gobiernos en el exilio, lo que existen son gobiernos legítimos que se han visto forzados a salir del territorio en el cual están llamados a ejercer funciones. El gobierno del presidente Guaidó es un gobierno mixto, en el sentido que buena parte de los funcionarios de ese gobierno están en el exilio.
Mi caso, yo fui procurador hasta hace unos días y estaba en el exilio. El canciller Julio Borges está en el exilio. Varios diputados. El diputado Paparoni. El diputado Juan Andrés Mejía, el diputado Jorge Millán, el diputado Rafael Guzmán están en el exilio. Es decir, tampoco esta figura de un gobierno en el exilio es ajena a la realidad que hoy en día tenemos, y en efecto la persecución del régimen de Maduro si avanza ,quizá lamentablemente, lleve al exilio a más funcionarios del gobierno interino y de la Asamblea Nacional.
Lo que a mí no me queda claro es que esa sea razón suficiente para decir: bueno el mandato de la Asamblea Nacional finaliza el 5 de enero de 2021 porque no veo que va a cambiar. Lo único que cambiaría es que tú en un posible gobierno en el exilio ahora tendrás una oposición en el exilio. Pero yo no creo que la razón por la cual Maduro no ha avanzado su persecución sea jurídica, o que Maduro vaya a tornarse a dictador benevolente y el 5 de enero de 2021 cuando se instale su fraudulenta Asamblea Nacional diga; bueno ya dejo tranquilo a los ex diputados. Olvidémonos de eso, si este fraude sigue y el 5 de enero se instala una nueva Asamblea, nada impediría a Maduro forzar a irse al exilio a la dirigencia opositora venezolana.
Con lo cual eso es un problema. Y ese es un problema que incide en la teoría de cambio que urge implementar en Venezuela, porque no va haber un cambio en Venezuela si nos quedamos sentados, pero creo que no es razón suficiente para desestimar la tesis de extensión del mandato de la Asamblea Nacional.
P: Si el gobierno interino estuviese obligado a establecerse fuera de Venezuela no haría falta un argumento jurídico para sustentar eso ¿cierto?
R: Tal cual. Jurídicamente seguiría siendo legítimo. Mi legitimidad como Procurador Especial no variaba por el hecho en el que yo me encontraba en los Estados Unidos, hubiese estado en Venezuela y hubiese tenido la misma legitimidad, aunque con toda seguridad estuviese preso.
Ese es un problema político. Si no hay un proceso de articulación interna, si no hay un proceso de movilización interna, en otras palabras, la oposición hay que trabajarla en piso venezolano, va a ser muy difícil que la transición se mueva única y exclusivamente anclada en el apoyo a la comunidad internacional o de un gobierno en el exilio.
Ese temor existe y es muy válido, yo lo comparto, pero de nuevo, yo no veo cómo va a cambiar el hecho de que se decida esta Asamblea termina su mandato el 5 de enero de 2021, porque nada impediría Maduro a forzar al exilio la oposición y estaríamos exactamente con el problema del exilio pero incluso peor, porque no habría interlocutor válido, no habría un gobierno interino válido, no habría una Asamblea Nacional válida; siempre se puede estar mucho peor. Yo creo que esta es una de las experiencias lamentables de esta crisis venezolana.
P: Hablemos de CITGO, la filial de PDVSA en Estados Unidos y el mayor activo de la República en el extranjero. A partir de enero del año pasado tanto el gobierno interino como el gobierno de Estados Unidos han tomado medidas para asegurarse de que el régimen de Maduro deje de controlar esos recursos vinculados con CITGO. Exactamente ¿cuál es la situación jurídica de la filial en este momento?
R: Muy comprometida. La deuda pública externa venezolana se estima en 140.000 millones de dólares, lo cual convierte a Venezuela en uno de los países más sobreendeudados del mundo, sino el más endeudado. En el caso concreto de CITGO, en 2016 el régimen de Maduro extrajo cerca de seis mil millones de dólares a través de CITGO o utilizando a CITGO como colateral. Así, régimen de Maduro emitió los bonos de PDVSA 2020 por cerca de tres mil millones de dólares, entró en un financiamiento con Rosneft por 1.5 millardos de dólares y además Maduro forzó a CITGO endeudarse solo para pagar dividendos a PDVSA en un monto que creo recordar ronda los $2000 millones de dólares. Toda empresa que tenga está pesada carga va estar en graves problemas.
¿Cuál ha sido el objetivo del presidente encargado Juan Guaidó? Tres objetivos que se han cumplido:
Primero, desalojar a los administradores de CITGO designados por Maduro, que sólo utilizaban aquí digo como plataforma para la corrupción. Hoy día, hay un personal técnico al frente de CITGO que se ha ganado la confianza del gobierno los Estados Unidos y del mercado americano.
En segundo lugar, se logró con el gobierno de Estados Unidos unas claras medidas de protección de activos. Ningún acreedor puede vender, ejecutar, subastar o embargar CITGO sin autorización del gobierno de Estados Unidos, que ya de manera manifiesta ha reiterado que la protección de CITGO es consustancial a la transición democrática en Venezuela, por lo tanto no importa lo que suceda en tribunales, CITGO va a estar garantizada mientras esas medidas se mantengan.
Y por último, el gobierno interino ha señalado el lineamiento que me tocó publicar el primero de julio del año pasado que no pretende desconocer las reclamaciones dejadas por Chávez y Maduro, salvo en el caso del Bono 2020 que es absolutamente inconstitucional, como es también el préstamo a Rosneft, y que la idea es renegociar la deuda, pero para renegociar la deuda se necesitan condiciones adecuadas que permitan en primer lugar atender la emergencia humanitaria compleja.
Lamentablemente en esta condiciones actuales con la usurpación de la presidencia no es posible avanzar en este proceso de renegociación de la deuda pero sin duda el cambio político va a ser en este sentido muy favorable porque entonces se podrá empezar este proceso de renegociación de las deudas para asegurar la protección, incluso más allá de las ordenes ejecutivas dictadas por el gobierno de Estados Unidos.
P: Hablando de otros activos de la República del extranjero, esta semana comienza en el Reino Unido un proceso judicial sobre quién tiene autoridad legítima para manejar el oro venezolano en las bóvedas del Banco de Inglaterra, que es el Banco Central del Reino Unido; el régimen de Maduro argumenta en su defensa que necesita esos recursos para junto con la ONU atender la pandemia del COVID-19 en Venezuela ¿cree que esa estrategia le sea efectiva ante la opinión pública internacional?
R: No, de hecho Maduro fracasó con esa estrategia que no era más que una gran mentira. Maduro en efecto pide un millardo de euros al banco de Inglaterra supuestamente para implementar un programa de coronavirus con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ¿y qué sucedió según el propio PNUD?
Primero, que ese programa no tiene ninguna política asistencial en materia de coronavirus; segundo que no puede administrar un millardo de euros, eso excede con creces su capacidad. Tercero, no hay ningún plan, no hay ninguna propuesta, no hay nada en específico con el régimen de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro lo que hizo fue algo que es muy grave; usar a las cortes de Londres para tratar de montar una campaña política que justificase su farsa narrativa según la cual el gobierno interino está bloqueando fondos para la ayuda humanitaria y eso es lo que implica no sólo manipular a las cortes de Londres, sino jugar a la política por la emergencia humanitaria compleja, lo cual describe muy bien el talante criminal del régimen de Nicolás Maduro.
P: ¿No hay ninguna forma de que el régimen de Maduro pueda reclamar para sí mismo autoridad legítima ante la introducción al Reino Unido?
R: En este momento lo que tiene que decidir la alta corte de Londres, en cualquier momento, aunque me parece que la decisión va a dictarse como mucho en algunas semanas, una o dos semanas, es algo muy sencillo: ¿Quién es el gobierno de Venezuela reconocido en el Reino Unido? Y en ese sentido la Cancillería del Reino Unido, en diversas declaraciones públicas, la última de hace dos semanas, de manera clara e inequívoca señala que vista el proceso fraudulento de elección presidencial de 2018, sólo el Presidente de la Asamblea Nacional es el Presidente Encargado y como tal debe ser reconocido. Ante ese diáfano pronunciamiento de la Cancillería de Inglaterra, y de acuerdo con el derecho inglés, yo no tengo ninguna duda de que la alta corte va a señalar o va concluir que el gobierno reconocido es el de Juan Guaidó, incluso en las relaciones con el Banco de Inglaterra.
P: En efecto, el Primer Ministro británico Boris Johnson y su canciller Dominic Raab, han expresado en reiteradas ocasiones su respaldo al gobierno interino encabezado por Juan Guaidó. Sin embargo en la página web de la Foreign Office, qué es el despacho del gobierno británico a cargo de las relaciones internacionales; sigue apareciendo Rocio Maneiro, quién fue designada por Maduro como jefe de la delegación diplomática venezolana ante el Reino Unido ¿Cómo se explica está discrepancia?
R: En el derecho inglés, que es muy distinto en este sentido al derecho americano, desde la década del 80 del pasado siglo se estableció una doctrina según la cual el gobierno inglés no reconoce gobiernos, esa discusión de derecho internacional de quién es el gobierno, en el Reino Unido pasan de ellos, y dicen simplemente que solo necesitan interlocutores, sea quienes sean y el interlocutor puede ser alguien del régimen ilegítimo de Maduro incluso ¿por qué no? para avanzar en la transición, o un representante legítimo del presidente Guaidó.
Eso explica está aparente contradicción, pero eso es irrelevante para el juicio, el estándar en las cortes de Inglaterra es muy específico. Según las declaraciones oficiales, según las certificaciones de la cancillería británica ¿Quién es el gobierno reconocido? La respuesta es clara,es Juan Guaidó. Cualquier otra consideración, que si el presidente Guaidó no controla el territorio, que si el presidente Guaidó no tiene embajador, que si el embajador de Maduro sigue usando la residencia del embajador en Londres; todos esos no son más que ruidos que el régimen de Maduro tiene que usar porque se sabe perdedor en esta causa.
P: Ya vamos para año y medio con el Estatuto de la Transición y sin embargo a duras penas puede hablarse que hay una transición en marcha en Venezuela, ya que el régimen chavista sigue ahí y no da señales de estar dispuesto a ceder el poder de ninguna manera. ¿Cree que se ha desaprovechado el Estatuto para la Transición como documento rector para ese proceso político?
R: En parte sí. Hay ciertas herramientas del estatuto que rige la transición que no han logrado usarse plenamente por coyunturas y situaciones propias de la política venezolana, pero también es cierto que lo que ha pasado en Venezuela es que ha habido y hay un proceso de ¿por qué no llamarlo así? de transición dentro del madurismo, que cada vez es menos un gobierno autoritario formal y cada vez es más una alianza de organizaciones criminales y se trata de dos casos enteramente distintos; los incentivos que se definen en el estatuto que rige la transición para promover la transición democrática son incentivos que consideran que la racionalidad del gobierno autoritario es esencialmente política y se sigue la teoría democratización de Dow. Es muy sencillo, se aumentan costos de represión, se bajan costos de tolerancia por eso es un poco de policía-malo policía-bueno.
El estatuto habla de crímenes de lesa humanidad, está el programa de sanciones, todo eso sube los costos de Maduro pero al mismo tiempo esta justicia transicional, etc, etc. Eso funciona y ha funcionado en regímenes autoritarios que son orgánicos en gobiernos orgánicos que controlan el territorio que su autoritarios pero son en definitiva gobierno orgánicos; y es que Maduro ya no es un gobierno orgánico y cada vez lo es menos. Insisto, es una alianza de organizaciones criminales. Venezuela es un Estado fallido, que por supuesto tiene mucho por colapsar pero es un Estado fallido hoy, donde Maduro no tiene control pleno sobre del territorio -ejemplo el Arco Minero del Orinoco- entonces ante esta realidad yo sí creo que es muy innecesario ajustar la teoría del cambio, porque si se sigue pensando que en Venezuela la teoría del cambio se va a dar por mecanismo usuales de transiciones y justicia transicional y que eso basta, yo creo que se está partiendo de un error muy grave de diagnóstico porque insisto el de Maduro no es ya el caso de una típica dictadura militar. Hace tiempo que Maduro dejó de ser eso.
P: ¿Cuáles serían esos dispositivos del estatuto para la transición que por avatares de la política venezolana no se han podido aprovechar?
R: El sistema de justicia transicional. Yo creo que ahí hay que avanzar. Venezuela, yo he calificado que es un proceso de transición compleja, no solo lo dije ya, hay que desalojar a un régimen autoritario pero inequívocamente el de Maduro es un régimen, autoritario, inorgánico, desordenado, débil, fracturado, con alianzas con el crimen organizado pero es un régimen autoritario y ahí es necesario establecer claros incentivos para aquellas estructuras burocráticas que todavía se mantienen y que colaboran de uno u otro modo con el mantenimiento del régimen — las Fuerzas Armadas- lo que pasa es que lamentablemente me creo eso hoy día es insuficiente por la naturaleza peculiar del caso venezolano.
P: ¿Cuál es su balance del gobierno interino luego de haber fungido como Procurador Especial? ¿Cuál cree que han sido los aciertos y los errores que se han cometido en este año y medio que ya lleva el gobierno interino en pie?
R: Muy buena pregunta. En cuanto a los aciertos: los venezolanos en realidad debemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Se logró en primer lugar convencer a la comunidad internacional de una tesis inédita de transición, que es aquella transición basada en la existencia de un gobierno interino que emana de la propia Asamblea Nacional. Eso se logró con el reconocimiento internacional por más de 60 países del gobierno del presidente Guaidó.
El caso CITGO es un caso vitrina. CITGO en enero de 2019 estaba al borde de la quiebra. Yo digo como anécdota que mi primera reunión con el Departamento del Tesoro en enero de 2019 era una reunión para hablar de la quiebra y yo dije no, CITGO no va a quebrar, nosotros la vamos a recuperar y ahí está CITGO -a pesar de la recesión económica por el coronavirus- cada vez más estable, ha logrado refinanciar parte de su pesada carga heredada de Maduro. CITGO es una muestra de lo que los venezolanos podemos hacer con reglas claras de gobernanza.
Asimismo creo que se ha avanzado mucho en reinsertar a Venezuela en la comunidad internacional. El ejemplo de la OEA, por ejemplo en mi caso yo tuve el honor, por designación del embajador Tarré, de representar a Venezuela en las reuniones de las convenciones de seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Una convención que se firmó en Caracas, imagínate tu, y que Venezuela había abandonado.
Venezuela no era parte de las naciones civilizadas. Se hacían foros y simplemente no iba o iba hacer política, los venezolanos le hemos dado una nueva cara al país en esos foros, especialmente en la OEA, y hemos demostrado que las cosas se pueden hacer bien. Se ha avanzado mucho, y lo más importante es con ejemplos concretos.
Y yo diría que la principal oportunidad de mejora, es necesario replantear la dinámica política. Algunos han considerado y yo discrepo esa interpretación, que el gobierno interino de Juan Guaidó es un gobierno parlamentario porque gobierna la Asamblea Nacional. En realidad, la legitimidad proviene de la Asamblea Nacional pero no tiene ningún sentido pretender que en el ámbito específico del gobierno interino se va a gobernar a través de la Asamblea Nacional. Y la razón es muy sencilla, ahí está la teoría política; las asambleas, los parlamentos son deliberativos. Están llamados a sesionar, hablar, a dialogar. En cambio el gobierno tiene que actuar. Hay decisiones de urgente realización, sobretodo tomando en cuenta la emergencia humanitaria en Venezuela. Y lamentablemente esa acción no siempre se tiene o no siempre se ha tenido, por esta excesiva dependencia al parlamento, pero lo cierto es que ya a esta altura del juego, donde tenemos 6 meses muy interesantes por delante, yo creo qué esa ya no es la principal limitante. Yo creo que hoy día la principal limitación es que es necesario redefinir la estrategia de cambio. Es necesario redefinir la teoría de cambio y lograr avanzar en áreas decisivas y críticas en los próximos seis meses.
Porque de nuevo, yo quisiera que esto quedara claro: la extensión del mandato de la Asamblea Nacional no es ninguna solución, es simplemente una consecuencia a partir de la cual es necesario desarrollar una estrategia que permita el cambio en Venezuela, porque de lo contrario el colapso venezolano va a seguir, la emergencia humanitaria va a seguir y el régimen de Maduro lejos de consolidarse -que yo no lo veo para nada consolidado- va a seguir en un proceso degenerativo en su cleptocracia y criminalidad que sólo va a traer a mayores problemas para el pueblo venezolano, que está sufriendo en exceso y ahora, al parecer, en lo que lamentablemente pareciese ser un repunte de los efectos de la pandemia del coronavirus.
P: Para cerrar, ¿es usted optimista sobre el futuro de Venezuela?
R: Mira. Yo me estoy leyendo un libro fantástico de Javier María, quien es uno de mis autores predilectos españoles, Y Citando a Shakespeare -así se llama el libro- hay una frase que dice: “ ahora empieza lo malo pero a cambio lo peor ya quedó atrás”. Yo creo que lo peor de Venezuela ya quedó atrás, yo creo firmemente qué Maduro -y esto no es politiquería, yo no solo político, soy profesor- no va a ganar y ni puede ganar esta batalla.
Creo que el cambio Venezuela es indetenible. Lo que más me preocupa a mí y en eso yo no soy ni pesimista y optimista, soy realista, es el factor tiempo, porque mientras más tardemos en articular el cambio político más complicado va a ser ese cambio, y estamos ligando con un régimen, -insisto- criminal, no solo con dictadura militar, y la recuperación será incluso más complicada, y la estabilidad de la transición democrática será incluso más precaria. Por eso, yo creo que los seis meses que vienen, para uno u otro sentido, deben ser decisivos para los venezolanos. Parte de eso fue mi decisión de dejar la Procuraduría al entender que ya había cumplido una misión y ahora me tocaba volver a hacer lo que creo sé hacer, que es colaborar como profesor, y pensar en la estrategia de los próximos seis meses. Porque creéme, los próximos seis meses van a ser decisivos para el futuro inmediato de Venezuela.